Plan de urbanización de villas y asentamientos

El 3 de diciembre de 2009 la Legislatura porteña sancionó por unanimidad la Ley Urbanización del Polígono Villas 31 y 31 bis, del legislador por la Coalición Cívica Facundo Di Filippo. El proyecto dispuso, en ese momento,la realización de un censo -dentro de los 90 días de la reglamentación- para contar con datos actualizados, y la creación de una Mesa de Gestión y Planeamiento, integrada por funcionarios públicos de los gobiernos porteño y nacional, de los organismos propietarios de los predios, académicos y la participación de los delegados de la villa. Esta mesa “multidisciplinaria y participativa” debía ser la encargada de la elaboración de una propuesta de urbanización y radicación antes del 31 de mayo de 2011.

Ocho meses después de la sanción, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) llevó a cabo el relevamiento poblacional. Según Javier Fernández Castro, técnico del proyecto de urbanización, el censo fue un proceso dificultoso “porque no estaba claro quién debía hacerlo y la Dirección de Estadísticas tenía un censo pero argumentaba que eran datos confidenciales. Esto derivo en un retraso de seis meses hasta que se eligió al IVC, que lo concretó con personal de planta y vecinos del barrio”. Además, el ex interventor en la villa 31 destacó que el nuevo censo se convirtió en una medida para frenar la ocupación de terrenos: “La mesa decidió que toda persona que no estuviera censada no entraría en el padrón de beneficiarios de la futura urbanización”.

La ley 3343 también dispuso la regularización catastral y dominial de los “inmuebles afectados”. El primer punto quedó a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano, que desde mediados del año pasado realiza el relevamiento físico a través de un sistema digital de fotorestitución. “El perímetro de manzanas ya fue relevado, y ahora se está diagramando la división de lotes y la construcción que existe en cada lote”, remarcó Fernández Castro.

No obstante, el dominio de tierras fue el centro de varias acusaciones cruzadas entre las autoridades. Para avanzar en la ejecución de este punto, la ley incluía una “clausula transitoria” a resolver: dado que los propietarios de las tierras eran dos organismos ferroviarios (la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.A. y la Operadora Ferroviaria) y uno de puertos (Administración General de Puertos), que dependen del Estado, la entrega de escrituras quedó atada a las futuras gestiones entre el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno nacional. Hasta el momento, esta transferencia dominial se vio imposibilitada, según Fernández Castro, “por desinterés común o imposibilidad de coordinación política en diversas coyunturas”.

Otro tema importante relacionado con la urbanización, fue el plan de obras que tenía planificadas hacer el Ministerio de Ambiente y Espacio Público en el barrio durante el 2010. Según consta en la versión taquigráfica de la Mesa de Gestión del 31 de mayo, el ministro Diego Santilli anunció que los trabajos previstos eran la “infraestructura subterránea (distribución cloacal, agua corriente y pluvial) en la calle 9; cloacas en la Villa 31 bis y cumplimiento de la medida cautelar para mejoras en las calles. (…) Prevemos mejoras en las fachadas del sector de la calle 9 y calle Colectora; armador del corredor verde lateral a la autopista y calle Colectora; (…) la demarcación de la nomenclatura de las viviendas existentes (…); y mejora en todos los espacios públicos de la villa, que tiene que ver con introducir iluminación.”

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